Simplificación estructural para acelerar inversiones
El Congreso de Chile aprobó el 1 de julio de 2025 la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, iniciativa central del “fast track legislativo” propuesta por el Ejecutivo. La norma fue sancionada por 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, y ahora espera la firma presidencial.
Su objetivo principal: reducir entre un 30 % y 70 % los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales, sin rebajar estándares regulatorios ni ambientales.
Principios clave de la reforma
La ley introduce nuevos fundamentos para renovar la gestión pública:
- Certeza jurídica y proporcionalidad: plazos máximos obligatorios y criterios uniformes para todos los permisos.
- Silencio administrativo positivo: los trámites vencidos se consideran aprobados de oficio.
- Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): en permisos de bajo impacto, se sustituyen por declaraciones juradas, con fiscalización ex post y sanciones contundentes.
- Ventanilla Única Digital “SUPER”: un portal centralizado y trazable para todas las solicitudes.
- Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión: nuevo organismo técnico para supervisión y coordinación dentro del Ministerio de Economía.
Amplitud transversal y temperatura legislativa
La reforma modifica más de 40 leyes sectoriales, incorporando ámbitos como:
- Minería (cobre, litio)
- Energía, incluyendo renovables y almacenamiento
- Obras públicas, agua, salud, y concesiones marítimas
Durante el debate, el ministro Nicolás Grau defendió la iniciativa: “hemos logrado aprobar este proyecto con amplio apoyo y sin bajar los estándares regulatorios. Uno de los problemas era que los servicios estaban atochados…”. La oposición también saludó su potencial para dinamizar la inversión y reducir los cuellos de botella.
Reacción del sector privado
Las principales compañías mineras internacionales —incluyendo BHP y Freeport McMoRan— respaldaron la reforma, insistiendo en que los permisos prolongados han sido un freno clave para la inversión.
Desde la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y fuentes del sector energético, destacan que la ley dará impulso a la transmisión eléctrica y proyectos de almacenamiento, fundamentales para integrar energías renovables como solar y eólica, mientras mejora la certeza jurídica para los inversores.
Impacto geoestratégico: cobre, litio y transición energética
Luego de la aprobación, Chile refuerza su posición como principal productor mundial de cobre y uno de los mayores proveedores de litio. Según estimaciones de Cochilco, con una cartera de proyectos concretados, el país aumentaría su participación en el mercado del 23,6 % en 2024 al 27,3 % en 2034.
Además, el ministerio de Energía planea anunciar en septiembre ajustes al reglamento del sistema eléctrico (Decreto Supremo 125), que permitirán integrar tecnologías de almacenamiento y autogeneración, con autorización comunitaria próxima.
El gran pendiente: Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA)
Si bien la nueva ley acelera los trámites sectoriales, no modifica el SEIA, que sigue siendo regulado por otra legislación. La reforma a este sistema aún está pendiente y registra algunos retrasos. Expertos advierten que sin mejorar el SEIA podrían seguir existiendo cuellos de botella, especialmente en proyectos con impacto ambiental significativo.
Oposición y equilibrios sociales
Organizaciones socioambientales expresaron preocupación por una posible erosión del principio preventivo y la participación comunitaria. La diputada Viviana Delgado afirmó que la simplificación excesiva podría crear “zonas de sacrificio” y debilitar derechos territoriales. En respuesta, el Gobierno asegura que la norma no altera la evaluación ambiental ni la participación ciudadana.
Conclusión
La nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un paso audaz hacia un Estado más eficiente, con potencial para desbloquear proyectos estratégicos, acelerar la transición energética, modernizar la minería y atraer inversión extranjera. Su éxito dependerá de la correcta implementación de sus mecanismos digitales y de un equilibrio entre dinamización económica, estándares regulatorios y participación comunitaria.
